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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 07 de junio de 2013cermi.es semanal Nº 82

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura

"Este año vamos a acabar con la lista de espera en los servicios de atención temprana y habilitación funcional"

31/05/2013

Blanca Abella

La discapacidad parece ser una de las apuestas del presidente extremeño, y así lo asegura en esta entrevista, al afirmar que han aumentado el presupuesto en política social, han recuperado el diálogo con el CERMI y se ocupan de impulsar normas más actuales. Eso sí, siguiendo las directrices de la Ley General de Discapacidad que elabora actualmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Antes de convertirse en el presidente de su comunidad prometió una ley de derechos que evitase la discriminación de las personas con discapacidad. Tras dos años de Gobierno ¿han iniciado ese camino?

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado el borrador de la futura Ley General de Discapacidad, que unificará toda la normativa en esta materia, y lo ha presentado al sector para que realicen las aportaciones que consideren oportunas. Extremadura también ha presentado sus propuestas y, una vez que la norma sea aprobada en las Cortes, la adaptaremos a las necesidades reales de las personas con discapacidad que residen en nuestra región.

 "Un Gobierno no puede poner en marcha políticas efectivas sin contar con sus destinatarios, en este caso las personas con discapacidad" 

En cualquier caso ¿cuentan con la colaboración del sector de la discapacidad, de expertos como los que representa el CERMI Extremadura?

Por su supuesto, dado que un Gobierno no puede poner en marcha políticas efectivas sin contar con sus destinatarios, con sus verdaderos protagonistas, en este caso las personas con discapacidad. Por ello, a través de los diferentes departamentos del Gobierno mantenemos relaciones fluidas con las asociaciones que les representan, dado que la atención a este colectivo se tiene que hacer desde una perspectiva integral, trabajando no sólo en el campo de la atención social, sino también del empleo, del turismo o la educación para conseguir la plena normalización de sus vidas.

¿Cuáles son las principales líneas de esa nueva norma y los cambios que se deben introducir tras más de 25 años desde la última Ley de Servicios Sociales?

La elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales era una necesidad imperiosa en Extremadura, dado que la norma vigente data de 1987.

Con la nueva ley, cuyo borrador ya ha sido elaborado, establecemos un marco estable de recursos y servicios dado que nuestro interés es garantizar la cohesión y bienestar de la sociedad extremeña, en especial, de las personas y colectivos en situación de riesgo o exclusión social.

Configuramos un nuevo sistema de protección social adaptado a la realidad del siglo XXI, dado que el paso del tiempo, la puesta en marcha de nuevos servicios y la modernización de los existentes, así como la dinámica del cambio social, han puesto de manifiesto las carencias de la norma vigente.

"Extremadura puede hacer gala de ser la única comunidad autónoma que ha incrementado su presupuesto en política social"

¿Mantiene su Gobierno el compromiso y respaldo a las políticas sociales a pesar de la crisis y los recortes que se aplican en general? ¿Qué cambios ha afrontado en estos dos años en políticas sociales relacionadas con la discapacidad?

Extremadura puede hacer gala de ser la única comunidad autónoma que ha incrementado su presupuesto en política social en este ejercicio, pues precisamente en estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, hemos de reforzar nuestros mecanismos de protección a las capas más vulnerables de la sociedad. Las personas con discapacidad son una de ellas y, con el fin de satisfacer sus necesidades reales, estamos trabajando en una modificación del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), que constituye el marco legislativo de la discapacidad en la región.

¿Cómo ha afectado la crisis al sector de la discapacidad y qué iniciativas ha adoptado su Gobierno para paliar sus efectos entre una población que ya sufre serias dificultades?

El Gobierno de Extremadura ha realizado un enorme esfuerzo presupuestario para no solo mantener, sino también aumentar, el mapa de recursos residenciales y asistenciales dirigidos a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el presupuesto de este año hemos incrementado en más de dos millones de euros, con fondos propios, el Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad, que pasa de 15,2 a 17,5 millones de euros, lo que permitirá el mantenimiento de las plazas concertadas.Y algo muy importante, gracias al esfuerzo que estamos realizando, este año vamos a acabar con la lista de espera en los servicios de atención temprana y habilitación funcional.Esta labor no la hacemos en solitario, pues tenemos la valiosísima colaboración de las personas con discapacidad, de sus familias y de las asociaciones que las representan.

"Extremadura duplica, e incluso triplica, el número de Centros Especiales de Empleo en relación a comunidades similares en población, como Murcia o Baleares"

En cuestión de empleo, ¿cuáles son las iniciativas adoptadas para fomentar la empleabilidad en el sector de la discapacidad?, ¿existe algún incentivo a la contratación de personas con discapacidad o de los servicios de CEE?

Dentro de nuestro apoyo al sector de la discapacidad  el Gobierno regional cuenta con diferentes líneas de apoyo y programas destinados a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. A grandes rasgos puedo destacar algunas de ellas como pueden ser las ayudas directas para la incorporación de estas personas con discapacidad en empresas ordinarias, que van de 1.000 a 6.000 euros. 

Además, los Centros especiales de Empleo pueden solicitar ayudas por mantenimiento de costes salarial de los trabajadores con discapacidad en plantilla. En este caso se subvenciona el 50% del salario mínimo. Sin ir más lejos, este año, hemos destinado 1,7 millones de euros para el mantenimiento de costes salariales de los Centros Especiales de Empleo, concretamente para la contratación de 1.282 trabajadores que componen las plantillas de los 116 centros que existen en la región. Tengo que incidir en que los nuevos decretos de ayudas del Plan para el Fomento y la Consolidación del Autoempleo prestan una especial atención a las personas con discapacidad. Pero, esto es sólo  una muestra del esfuerzo que realiza el Ejecutivo autonómico en favor de la integración social de los colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado laboral. Extremadura duplica, e incluso triplica, el número de Centros Especiales de Empleo en relación a comunidades similares en población, como Murcia o Baleares.

Y esa apuesta la hemos visto reflejada en los últimos días en un dato que se ha hecho público donde se pone de manifiesto que la contratación de personas con discapacidad en Extremadura ha aumentado un 6,65% entre abril de 2011 y abril de 2013.

En estas líneas, no obstante quiero dejar claro que queda camino por recorrer y horizontes que ampliar para una mejor integración social, una labor en la que deben de colaborar tanto las administraciones, como los Centros Especiales de Empleo y los agentes sociales. Mi gobierno siempre estará dispuesto a  contribuir de manera más efectiva a la normalización laboral de las personas con discapacidad.

¿Existe una reserva especial de empleo público o condiciones especiales para las empresas que cumplan con la LISMI?

Efectivamente, desde el Gobierno regional se reserva, un 10% de plazas de empleo público destinadas a discapacidad en las oposiciones. A día de hoy sólo se han convocado las de Educación y se cumple con esa reserva.

La Ley de Autonomía Personal y atención a la Dependencia tiene un trato desigual en las distintas comunidades autónomas ¿qué valoración hace de la aplicación de la misma en la comunidad extremeña?, ¿qué avances ha impulsado desde su gobierno?

La atención a las personas en situación de dependencia no se ha visto menoscaba en ningún momento en Extremadura, sino todo lo contrario. Prueba de ello es que la aportación de la Comunidad Autónoma a la atención a dependencia ha aumentado este año en 20 millones de euros, un 8 por ciento, hasta alcanzar los casi 277 millones de euros, con lo que hemos paliado la reducción de los fondos procedentes del Estado.No obstante, aplaudimos las medidas para la mejora del sistema acordadas con las CCAA en el Consejo Territorial de Dependencia del pasado julio, pues vienen a velar por la sostenibilidad de una sistema que se estaba convirtiendo en inviable. Ahora bien, Extremadura sólo realiza el recorte mínimo del 15 por ciento exigido por el Gobierno central en las prestaciones económicas destinadas a los cuidadores familiares, no haciendo por tanto uso de la posibilidad de aumentar este porcentaje. Asimismo, hemos mantenido el régimen de incompatibilidades en las mismas condiciones que antes de la reforma de la Ley y, por el momento, tampoco vamos a revisar la capacidad económica de quienes ya están cobrando alguna prestación, ni vamos a tener en cuenta el periodo suspensivo de retroactividad máximo de dos años en los expedientes de niños de 0 a 3 años, dado que para nosotros la atención a estos menores es prioritaria.

"Este Gobierno ha retomado las relaciones con el CERMI, pues en Extremadura estaban rotas desde 2009"

¿Cómo valora el trabajo del CERMI y las entidades de la discapacidad?, ¿qué relación mantiene con ellos?

Mi valoración es sobre todo de agradecimiento, pues gracias a la colaboración que el Gobierno mantiene con las entidades de la discapacidad estamos consiguiendo que los pasos que estamos dando en favor de estas personas sean fruto de la unión de esfuerzos y del compromiso de todos. En este punto he de manifestar mi reconocimiento a las personas con discapacidad y también a sus familias, pues me han dado múltiples  muestras de superación que, sin duda, vienen a constituir un ejemplo para mí como persona y para todo mi Gobierno. Respecto al CERMI, ha sido este Gobierno quien ha retomado las relaciones con esta entidad, pues en Extremadura estaban rotas desde 2009.

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